Avanza en el Congreso de Sinaloa Iniciativa de Licitaciones Éticas

Avanza en el Congreso de Sinaloa Iniciativa de Licitaciones Éticas

Culiacán, Sinaloa. En un esfuerzo por promover la integridad y transparencia en la administración pública, el Congreso del Estado de Sinaloa avanza en una iniciativa que busca dar preferencia a empresas con una cultura ética en los procesos de adjudicación directa, licitación e invitación.

La propuesta, que ya recibió su primera lectura en el pleno del Congreso y fue turnada para la segunda de ley por el presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo, apunta a fortalecer los controles internos y programas de integridad entre las empresas proveedoras del sector público.

Rita Fierro Reyes, secretaria de la mesa directiva, explicó que la iniciativa exige que se dé preferencia a aquellas empresas que puedan demostrar la implementación de mecanismos y programas destinados a garantizar una cultura ética en sus operaciones. El diputado suplente de Morena, Guadalupe Ernesto García Cota, quien es el autor de la iniciativa, argumentó que la propuesta busca fomentar las buenas prácticas en la administración pública y reducir la corrupción en la gestión de recursos públicos.

El documento propone adicionar un tercer párrafo al artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. Esta adición establecería que en los procesos de adjudicación directa, licitación e invitación, se dé preferencia a empresas que puedan acreditar la existencia de controles internos y programas de integridad en sus actividades.

Para cumplir con esta nueva normativa, las empresas participantes deberán incluir en sus propuestas la documentación que demuestre su compromiso con las prácticas éticas. Esta medida, de ser aprobada, representará un paso significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación pública en Sinaloa.

La iniciativa refleja el compromiso del Congreso de Sinaloa con la integridad y la lucha contra la corrupción, asegurando que los recursos públicos se manejen de manera responsable y ética.