Puebla refuerza la seguridad carretera con sistema de videovigilancia inteligente
En respuesta al creciente número de asaltos en la autopista Puebla-Orizaba, el gobierno del estado de Puebla ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia de seguridad que marca un precedente en la protección del transporte terrestre. La iniciativa contempla la instalación de un sistema de videovigilancia de alta tecnología en 30 puntos críticos del tramo Acatzingo-Ciudad Mendoza, extendiéndose hasta la plaza de cobro de Esperanza.
Este proyecto, avalado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), representa una inversión inicial de 131 millones de pesos y contempla la colocación de 106 cámaras de seguridad, además de drones para vigilancia aérea. En total, el blindaje de la autopista México-Puebla alcanzará los 268 millones de pesos, con 218 cámaras distribuidas estratégicamente.
Cada punto de monitoreo estará equipado con tres cámaras: dos fijas tipo bala y una cámara PTZ con capacidad de rotación, inclinación y zoom, lo que permitirá una cobertura dinámica y precisa. Además, se incorporarán sistemas de energía solar y eólica para garantizar su funcionamiento autónomo, junto con postes hexagonales con protección antiescalada y cimentación especializada para resistir actos vandálicos.
Uno de los elementos más destacados del proyecto es la instalación de cámaras lectoras de placas en 16 ubicaciones clave, esenciales para la identificación de vehículos involucrados en actividades ilícitas. Esta tecnología permitirá un seguimiento más eficaz de los delitos relacionados con el robo a transportistas, uno de los principales objetivos de la estrategia.
La vigilancia aérea será reforzada con dos drones que operarán en zonas de difícil acceso, ampliando el alcance del monitoreo. Toda la información captada será transmitida en tiempo real al Complejo Metropolitano de Seguridad (C5), donde se instalará un videowall compuesto por 20 pantallas LED de 55 pulgadas y su respectivo decodificador de vídeo.
El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, subrayó que el proveedor seleccionado deberá superar pruebas técnicas rigurosas en cada punto de instalación, sin coste adicional para la dependencia. En caso de fallos, la empresa tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para realizar las correcciones necesarias, asegurando así la operatividad total del sistema.
Este esfuerzo integral posiciona a Puebla como referente en la implementación de tecnología para la seguridad vial, y representa una oportunidad para que los despachos jurídicos especializados en derecho penal, transporte y seguridad pública analicen el impacto legal y operativo de este tipo de proyectos.
